Durante ocho años, Yessenia Ruano trabajó como asistente de maestra en Wisconsin y acudió a cada cita que ICE le exigió. Criaba a sus hijas gemelas de diez años, ambas ciudadanas estadounidenses. Según el resumen que hizo un tribunal federal de su declaración, Ruano había sobrevivido a la trata de personas y presentó una petición de estatus T en febrero de 2025. Ese mismo mes, un agente de ICE le entregó una advertencia para que saliera del país.
Su abogada pidió dos veces que ICE suspendiera la expulsión mientras USCIS revisaba la petición. El tribunal señaló que ICE rechazó ambas solicitudes sin pedir primero a USCIS que evaluara si el caso parecía reunir los requisitos para la protección T. Ruano contó que un agente la amenazó con encontrarla si no se iba y separarla de sus hijas. En junio de 2025, viajó con las gemelas a El Salvador. Ellas nunca habían estado allí y tuvieron dificultades para adaptarse, según la declaración.
Su experiencia pasó a formar parte de Immigration Center for Women and Children v. Noem, una demanda presentada por ocho sobrevivientes inmigrantes y cuatro organizaciones que les prestan servicios. El 20 de mayo de 2026, el juez federal André Birotte Jr. emitió una orden de 97 páginas que suspendió temporalmente las políticas de ICE impugnadas en el caso. También ordenó al gobierno no impedir que Ruano y otras dos demandantes regresaran a Estados Unidos con la misma situación migratoria que tenían antes de salir o ser expulsadas.
El fallo va más allá de las personas que presentaron la demanda. El juez creó tres grupos de alcance nacional, llamados clases en el tribunal, para personas con casos U, T o de la Ley de Violencia contra la Mujer que cumplen condiciones específicas. La protección es preliminar mientras continúa el litigio. Tener una petición pendiente no impide por sí solo que ICE actúe.
Qué cambia con la orden
El caso surgió a raíz de una política de ICE emitida el 30 de enero de 2025. Esa política eliminó instrucciones de 2021 y 2011 que pedían a los agentes adoptar un enfoque centrado en las víctimas. Bajo las reglas anteriores, ser víctima de un delito generalmente contaba a favor de la persona cuando ICE decidía si la arrestaba, detenía o expulsaba. Los demandantes sostuvieron que el cambio rompió protecciones en las que habían confiado después de denunciar violencia o trata y colaborar con las autoridades. El gobierno federal defendió su autoridad migratoria y apeló la orden de mayo.
La experiencia de Kenia J. Merlos muestra la diferencia entre una petición pendiente y la protección temporal llamada acción diferida. Según el resumen del tribunal, Merlos y su esposo fueron amenazados con un arma en 2023 y denunciaron el delito. USCIS determinó después que su petición U era de buena fe, le concedió acción diferida y expidió un permiso de trabajo. A pesar de ello, agentes federales la arrestaron junto con sus hijos durante una reunión familiar cerca de la frontera con Canadá. Permaneció unos tres meses y medio en detención migratoria, y su esposo fue expulsado mientras ella estaba detenida, de acuerdo con el expediente.
La acción diferida es una decisión de USCIS de posponer medidas migratorias durante un periodo determinado. No significa que USCIS aprobó el estatus U. Aun así, el tribunal concluyó que ICE no puede actuar como si una concesión vigente de acción diferida basada en una petición U o T hubiera desaparecido. Para el grupo protegido, ICE no puede detener o expulsar a una persona sin darle el aviso requerido y la oportunidad de responder ante una posible revocación.
La orden también abarca a personas como Ruano que tienen una orden final de expulsión y piden a ICE suspenderla mientras su petición U o T sigue pendiente. Antes de decidir esa solicitud, USCIS debe hacer una evaluación inicial para determinar si la petición parece reunir los requisitos. Los abogados de las clases consideran que una determinación de buena fe debería cumplir ese paso. Para un peticionario U, esa decisión no garantiza que ICE conceda la suspensión ni que USCIS apruebe la petición.
Quiénes podrían estar protegidos por la orden
- Un caso U, T o VAWA pendienteEste grupo incluye a personas con una petición U o T principal o de un familiar pendiente, o una autopetición VAWA pendiente, si ICE las detiene o intenta detenerlas por motivos migratorios.
- Acción diferida vigente basada en una petición U o TEste grupo incluye a personas con acción diferida vigente concedida por USCIS debido a una petición U o T pendiente si ICE las detiene, intenta detenerlas o las expulsó sin aviso ni oportunidad de responder ante una posible revocación.
- Una solicitud para suspender la expulsiónEste grupo incluye a personas con peticiones U o T pendientes que han estado, están o estarán detenidas por ICE desde el 30 de enero de 2025 y que pidieron pausar una orden final antes de que ICE la ejecutara.
Una persona puede pertenecer a más de un grupo. La orden judicial y la guía práctica contienen las definiciones legales completas.
Cómo puede ayudar la guía
La guía práctica y sus modelos ayudan a convertir la orden judicial en documentos que una persona puede presentar ante ICE o un juez. El paquete contiene cartas para citas con ICE, solicitudes para pedir que la agencia use su discreción, un modelo para suspender la expulsión, otro para solicitar la libertad de una persona en detención migratoria y escritos de habeas corpus para ciertos peticionarios U y T con acción diferida. Hay versiones distintas para personas con acción diferida y para quienes no la tienen.
Los documentos son puntos de partida. Una carta para alguien con una petición pendiente presenta un argumento diferente al de una persona que ya tiene acción diferida. La solicitud de suspensión solo corresponde cuando existe una orden final de expulsión, y la definición del grupo incluye otras condiciones. Usar un modelo equivocado u omitir un dato esencial podría impedir que el documento muestre por qué se aplica la orden.
Los abogados de las clases piden que quienes observen posibles incumplimientos escriban al equipo del litigio en [email protected]. También advierten que puede ser necesario exigir el cumplimiento en casos individuales. El gobierno federal apeló en junio. Un expediente público del Noveno Circuito confirma que la apelación 26-3961 se abrió el 22 de junio, pero la página disponible durante esta revisión no se había actualizado desde ese día.
La orden de mayo ofrece a Ruano y a las otras demandantes una vía legal para regresar. También permite que otros sobrevivientes identifiquen las protecciones que ICE debe considerar. Las fuentes públicas revisadas para este artículo no indican si Ruano y sus hijas ya volvieron a su escuela, su comunidad y su hogar en Wisconsin. Una decisión posterior podría cambiar la orden. Cada caso es distinto, y un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por el DOJ puede orientar sobre una situación particular.
Fuentes
- May 20 class-certification and preliminary-relief orderU.S. District Court for the Central District of California
- ICWC v. Noem practice advisory and toolkitCenter for Human Rights and Constitutional Law
- Plaintiffs' account of the lawsuit and named survivorsPublic Counsel
- Ninth Circuit appeal docket 26-3961Justia
Verificación parcial. Se revisaron directamente la orden del 20 de mayo, su resumen de las declaraciones, la guía de los abogados de las clases y el relato de Public Counsel. Un expediente público confirma la apelación de junio, pero la página fue recuperada por última vez el 22 de junio y no establece la situación actual de la apelación. Las fuentes públicas no confirman si las demandantes ya regresaron a Estados Unidos. Información general solamente; este artículo no ofrece asesoría legal.
Actualizado: 5 de agosto de 2026