Cinco se declaran culpables por fraude de visas U

Cuatro funcionarios policiales de Luisiana y un empresario admitieron usar informes falsos de robos para respaldar solicitudes fraudulentas.

Glynn Dixon, de 62 años, se declaró culpable en un tribunal federal el 30 de junio por su participación en una conspiración de soborno, fraude de visas y fraude postal, según un anuncio de U.S. Immigration and Customs Enforcement publicado el 7 de agosto. Antes que Dixon, también se habían declarado culpables Chandrakant Patel, de 40 años; Chad Doyle, de 55; Michael Slaney, de 64; y Tebo Onishea, de 38. Los cinco habían sido acusados formalmente el 2 de julio de 2025.

Cuatro de los acusados ocupaban cargos policiales cuando ocurrieron los hechos. Doyle era jefe de policía de Oakdale; Slaney, alguacil de Oakdale para el Distrito 5; Dixon, jefe de policía de Forest Hill; y Onishea, jefe de policía de Glenmora. Patel era dueño de un negocio local.

ICE informó que la conspiración se extendió desde diciembre de 2015 hasta julio de 2025. Los acusados fabricaban informes policiales sobre robos a mano armada que nunca ocurrieron y después entregaban esos documentos a personas no ciudadanas que solicitaban el estatus de no inmigrante U. Según el comunicado, esas personas le pagaban a Patel miles de dólares para aparecer como víctimas de los casos ficticios.

Patel coordinaba con Doyle, Slaney, Dixon y Onishea, quienes usaban sus cargos para certificar los informes falsos, señaló ICE. En una ocasión, Patel intentó sobornar a un funcionario de la Oficina del Sheriff de Rapides Parish para conseguir otro informe inventado. Los acusados también enviaron documentos falsificados por el Servicio Postal de Estados Unidos, conducta incluida en las acusaciones de fraude postal descritas por la agencia.

El Congreso creó el estatus de no inmigrante U para facilitar la investigación y el procesamiento de delitos, a la vez que protege a las víctimas que colaboran con las autoridades. En esta trama, los informes y certificaciones oficiales destinados a documentar delitos reales sirvieron como supuesto respaldo de solicitudes fraudulentas. ICE afirmó que esa conducta perjudicó la confianza pública en el proceso.

HSI, el FBI, la división de Investigación Criminal del IRS y la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de U.S. Citizenship and Immigration Services investigaron el caso. ICE indicó que el trabajo formó parte de un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional bajo Operation Take Back America, una iniciativa federal encabezada por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.

Dixon, Doyle, Onishea y Slaney se enfrentan cada uno a una pena máxima de cinco años de prisión. Patel se enfrenta a un máximo de 20 años. El comunicado de ICE no indica las fechas de sentencia ni los términos de los acuerdos de culpabilidad. Tampoco dice si se aprobó alguna de las solicitudes de estatus U relacionadas con la trama o qué medidas tomaron las autoridades migratorias sobre ellas.

Fuentes