El permiso adelantado puede activar un castigo de 10 años

Milagro Delcarmen-Lara regresó a Estados Unidos el 1 de enero de 2024 después de un viaje temporal al extranjero. Usó un permiso adelantado, un documento del gobierno que le permitía pedir el regreso sin obtener primero una visa. Había recibido DACA en 2013. Su esposo también tenía una petición familiar aprobada para ella, así que pidió a la Junta de Apelaciones de Inmigración reabrir un antiguo proceso de expulsión y permitirle seguir buscando la residencia dentro de Estados Unidos.

Un fallo de 2012 protegía a personas en su situación. Decía que un viaje temporal con permiso adelantado no contaba como una salida para la regla que puede imponer un castigo de tres o diez años por tiempo previo en Estados Unidos sin autorización. Muchas personas confiaron en esa protección para viajar por trabajo, estudios o una necesidad familiar.

La Junta cambió esa regla el 13 de agosto de 2026. La nueva decisión dice que viajar con permiso adelantado puede contar como una salida para el castigo de 10 años. El cambio solo se aplica hacia adelante, por lo que la Junta no lo usó contra el viaje que Delcarmen-Lara hizo en 2024. Su petición fue rechazada por otro motivo: era la segunda solicitud para reabrir el caso y llegó más de 16 años después de la orden final.

Qué significa para los viajes futuros

El castigo de 10 años puede aplicarse cuando una persona pasa al menos un año en Estados Unidos sin autorización legal, sale del país y pide entrar de nuevo antes de que transcurran diez años. La ley llama presencia ilegal a ese tiempo contado. Es un cálculo jurídico y no siempre equivale a vivir en el país sin estatus migratorio. Algunos periodos cuentan y otros no, así que la fecha de la primera llegada no da la respuesta por sí sola. El nuevo fallo dice que el permiso adelantado ya no evita que el viaje autorizado cuente como la salida que activa el castigo.

El permiso adelantado todavía cumple otras funciones. Permite que una persona pida parole al regresar por un puerto de entrada. También puede impedir que ciertas solicitudes de residencia pendientes se consideren abandonadas durante el viaje. El nuevo fallo elimina una protección que ese documento ofrecía a quienes habían acumulado suficiente presencia ilegal.

Poder regresar al país y reunir los requisitos para la residencia son dos decisiones diferentes. Un agente fronterizo podría conceder parole a la persona. Más adelante, USCIS o un juez podría determinar que el mismo viaje activó el castigo de 10 años y que no puede recibir la residencia a menos que exista un perdón u otra excepción.

El fallo no afecta a todos los beneficiarios de DACA. USCIS explica que una persona no acumula presencia ilegal mientras DACA está vigente. El tiempo anterior a los 18 años tampoco cuenta. Los días anteriores a DACA, una interrupción entre renovaciones o un periodo después de que termine DACA sí podrían contar. Por eso, dos personas con DACA y documentos de viaje iguales pueden enfrentar riesgos distintos.

La ley también contiene un castigo de tres años para ciertas personas con más de 180 días y menos de un año de presencia ilegal. Esa regla incluye otras condiciones, entre ellas el momento de la salida y si ya habían comenzado ciertos procesos migratorios. El fallo escrito de la Junta se refiere directamente al castigo de 10 años. No explica cada detalle de cómo se aplicará el nuevo razonamiento al castigo de tres años.

Los viajes hechos antes del nuevo fallo reciben un trato distinto. La Junta reconoció que muchas personas confiaron durante años en la regla de 2012, así que decidió aplicar el cambio solo a viajes futuros. No usó la nueva regla contra la salida de Delcarmen-Lara en 2024. La decisión tampoco responde con claridad a todos los casos de fechas, como el de una persona que salió antes del 13 de agosto y seguía fuera cuando se publicó el fallo.

Lo que el fallo no cambia

El fallo no cancela el permiso adelantado para todos. Tampoco bloquea automáticamente a cada viajero en el aeropuerto ni borra una entrada con parole de un viaje realizado bajo la regla anterior. Su efecto principal es que algunas personas pueden activar un castigo de 10 años al salir en el futuro, aunque el gobierno les haya dado permiso adelantado.

Este no es un fallo sobre visas U. No cambia los requisitos del Formulario I-918 ni las reglas separadas de perdones para el estatus de no inmigrante U. Un peticionario U, alguien en la lista de espera, un beneficiario de DACA y una persona con una solicitud de residencia pendiente pueden tener historias migratorias muy diferentes. Usar el mismo tipo de documento de viaje no significa que recibirán la misma respuesta.

Quien piense viajar después del 13 de agosto necesita más información que la fecha impresa en el permiso adelantado. La respuesta puede depender de la edad, las entradas, los periodos autorizados, el historial de DACA, las solicitudes pendientes y cualquier orden de expulsión. Cada caso es distinto, y un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por el DOJ puede revisar el historial antes del viaje.

Es probable que el nuevo fallo sea impugnado en los tribunales. La Junta revocó una regla vigente durante 14 años, y su propia decisión señala que un tribunal federal de apelaciones había usado la regla anterior en un caso de 2013. Ahora se podría pedir a un tribunal que decida si la Junta interpretó correctamente la ley y cómo debe aplicarse el cambio a las personas que organizaron sus viajes bajo la regla anterior. Hasta el 15 de agosto, esta revisión no había encontrado una impugnación judicial presentada contra el nuevo fallo.